Foto Clarin
Se trata de la estación férrea y un complejo de cocheras, erigido por el empresario Mateo Corvo Dolcet, investigado por lavado de dinero de la venta de drogas.
La Diputada Provincial Lucía Portos presentó un proyecto para que edificaciones vinculadas al narcotráfico erigidas en Pilar pasen a manos del Estado.
La legisladora pilarense propuso que el Ejecutivo Nacional “tome acciones judiciales con el fin de decomisar en favor del Estado el edificio destinado a un Centro de Transferencias de Pasajeros y usos afines, ubicado en el kilómetro 46 de la Panamericana Ramal Pilar y vías del Ferrocarril General Belgrano, de supuesto dominio de la sociedad Pilar Bicentenario S.A.
“La compra y demás negocios vinculados están sujetos a una investigación llevada adelante por la Procuración de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), por presunto lavado de activos””, añadió Portos.
El edificio, donde se iba a ubicar la estación férrea “Panamericana” además iba a incluir un complejo de cocheras, cuya estructura quedó a medio terminar.
El titular de Pilar Bicentenario, el empresario pilarense Mateo Corvo Dolcet, fue detenido el año pasado por presunto lavado de dinero del narcotráfico en ese y otros proyectos, y actualmente goza de libertad con una tobillera electrónica.
La estación y el proyecto de cocheras comenzaron a tomar forma en 2012, cuando Corvo Dolcet firmó un acuerdo con el exintendente Humberto Zúccaro y con quien en ese entonces era el Ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
La idea incluía un tren diferencial que iba a unir esa estación, con solo algunas paradas intermedias, con la Ciudad de Buenos Aires. Apuntaba a que usuarios de clase media y media alta dejen sus autos en las cocheras que se pretendían erigir, para ir hasta Capital Federal.
Pero la intención iba más allá: la estación y el complejo de cocheras se complementarían con una mega urbanización cerrada, que incluiría casas, departamentos, cines, teatros, y comercios a apenas 400 metros de la estación, proyecto conocido como Ínsula Urbana.
Portos señaló en el proyecto que “por la gravedad de los hechos, es importante que no se continúe promocionando ventas ni generar contratos comerciales con posibles interesados en el inmueble afectado”.
En el expediente también figura la medida del Honorable Concejo Deliberante de Pilar de suspender la ordenanza que autorizaba la localización del proyecto comercial hasta que el Juzgado Federal de Morón resuelva la situación, iniciativa que adoptó el legislativo el año pasado.
“A partir de la investigación de la causa se podrá determinar si el bien inmueble mencionado se utilizó como instrumento, producto, provecho o efectos vinculados con los ilícitos”, sostuvo la diputada.
Además, cree que “resultaría prudente y necesario que el Estado Nacional se presente como parte querellante en el caso e inicie acciones judiciales para la solicitar el decomiso del inmueble”.
El Código Penal argentino prevé en el artículo 305 especialmente el decomiso de los bienes vinculados al lavado de activos sin necesidad de condena penal, siempre y cuando se configuren ciertos recaudos mencionados en el artículo. En caso de no contar con medios probatorios para cumplir con los requisitos del artículo 305, puede recurrirse al decomiso a través del artículo 23 del Código Penal.
“Nos parece importante que se tomen estas medidas accesorias a la eventual condena, en caso de comprobarse los hechos delictivos, ya que el decomiso tiene como función principal neutralizar el incentivo de ánimo de lucro para cometer este tipo de delitos, por ello se busca recuperar el producto de los delitos o sus ganancias”, finalizó Portos.
Avanza la licitación del tren a Vaca Muerta
Gutiérrez se reunió con Dietrich para ultimar detalles.
En una serie de reuniones con funcionarios nacionales, el gobernador Omar Gutiérrez se reunió con el ministro de
Transporte,
Guillermo Dietrich para ultimar detalles de la licitación del tren a Vaca Muerta.
Si bien no trascendieron detalles de los charlado, ambos funcionarios confluyeron en la importancia de esta obra para continuar promoviendo el desarrollo productivo de la provincia.
Los pliegos para la licitación están en su fase final y de acuerdo a las declaraciones del ministro en febrero pasado se espera que la obra arranque durante este año. "El impacto va a ser muy importante para conectar nuestra argentina, de Neuquén a Bahía Blanca", dijo.
Según los planes, la iniciativa será financiada a través del sistema de asociación público privada (PPP), que se usaría en este caso por primera vez en materia de ferrocarriles en el país.
El costo de construcción del ramal desde Bahía Blanca hasta Añelo se estima en 1200 millones de dólares, aunque podría encarecerse dependiendo de los detalles que restan definirse.
El tren usaría un tramo del ferrocarril General Roca. Está en duda si la variante hacia Añelo se hace en Contraalmirante Cordero, lo que exigiría la colocación de 85 kilómetros de vías, o en Chichinales, que exigiría unos 250 kilómetros de rieles nuevos.
El proyecto se completa con la renovación de vías entre Bahía Blanca y Contraalmirante Cordero (615 km) o Chichinales (450 km) y con el mejoramiento de vías entre Buenos Aires y Bahía Blanca en la Vía Lamadrid.
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